El texto analiza la función del juez de garantías dentro del nuevo sistema penal acusatorio de la Provincia de Buenos Aires, instaurado por la Ley 11.922. Destaca que este modelo busca asegurar el respeto al debido proceso, la contradicción, la oralidad y la inmediación, principios que garantizan la igualdad ante la ley y los derechos de imputados y víctimas. Se enfatiza la figura del juez de garantías como protector de los derechos individuales durante la investigación penal, diferenciándolo del fiscal, quien asume la función investigadora. Además, se cuestiona la aplicación del antiguo modelo inquisitivo, especialmente en el ámbito penal juvenil, por su incompatibilidad con las garantías constitucionales.