La falta de programas de gestión de riesgos integrados a los planes operativos anuales o a los planes maestros de gestión han contribuido a la presencia de árboles potencialmente peligrosos en ciudades y pueblos argentinos. Prácticas sin objetivos claros y aplicadas sistemáticamente a gran escala, como podas indiscriminadas3 y la limitación del espacio para el crecimiento radicular por extensión de las aceras, debilitan la resistencia mecánica de los árboles y disminuyen su resiliencia frente a factores ambientales y antrópicos, lo cual contribuye a un ciclo vicioso que termina con la pérdida de vida útil del árbol por disminución de vigor, vitalidad y aumento del peligro potencial.
Cuando ocurren siniestros, la responsabilidad recae en el propietario del árbol, que en el caso del arbolado urbano es el Estado municipal o comunal. En el ámbito estatal, la evaluación de la responsabilidad implica revisar las acciones tomadas sobre el árbol con las normativas vigentes.
La existencia de leyes4 que regulan la gestión del arbolado en áreas urbanas impone la necesidad de tener programas de evaluación y mitigación de riesgos.
La gestión adecuada de riesgos se vuelve fundamental para promover la seguridad pública y cumplir con los marcos normativos vigentes. Aunque la probabilidad de incidentes mortales es baja, los costos asociados a compensaciones son significativos (Nueva, 2014; van Haaften et al., 2016). En Argentina, donde la mayoría de la población vive en áreas urbanas, la convivencia con árboles es inevitable. Sumado a esto, el momento del colapso o fallo de un árbol o una de sus partes es imposible de predecir, pero teniendo una gestión adecuada de riesgos se pueden prevenir la mayoría de los siniestros. Por ende, contar con un plan de gestión de riesgos es esencial para maximizar los beneficios ambientales y culturales proporcionados por los árboles urbanos, al tiempo que se minimizan los riesgos y costos asociados y se cumple con los marcos normativos vigentes.