En el siguiente trabajo me propongo situar al problema del lenguaje inclusivo en el marco de los derechos humanos y la ciudadanía. Con el fin de argumentar que el lenguaje inclusivo es un derecho en pugna por su reconocimiento y que su reivindicación se articula en el marco de una ciudadanía radical (Mouffe, 1999). Que la lengua castellana excluye y discrimina no es un aspecto novedoso a señalar. Lo inédito radica en la potencia emancipadora que estamos atravesando en términos de género. Me refiero a la masividad de los debates en torno al lenguaje inclusivo que se enraíza en lo cotidiano de las relaciones y trasciende los muros de los debates exclusivos académicos. En este contexto es relevante abonar a la discusión desde la dimensión política y con ello reparar en los conflictos que suceden entre distintos actores sociales. El lenguaje inclusivo se configura como un problema que involucra a la propia organización social del mundo al enmarcarse en un sistema-mundo colonial de género (Lugones, 2008) que inferioriza ciertos cuerpos. Este sistema-mundo que es patriarcal, racista y colonial es también heterosexual y cisexista. El lenguaje, desde el enfoque interseccional (Crenshaw, 2012 y Platero, 2012), es también un sistema de opresión que universalmente privilegia al varón cis, blanco, heterosexual y eurocentrado, y que en el mismo movimiento subalterniza a las sujetas mujeres y relega a la zona de no ser (Fanon, 2009) a identidades de género otras que se alejan del binarismo varón-mujer. Por ejemplo, cuando Judith Butler en la teoría del performatividad del género describe la situación en la que una persona gestante se realiza una ecografía y quien la realiza le dice a la madre/padre/xadre "es una niña” o "es un niño” y las operaciones que desde ahí se despliegan en términos de reforzar un género que coincida con el sexo (aún no asignado al nacer), en esta escena, la posibilidad de enunciar "es une niñe” es impensado.