Las políticas de transferencia de ingreso bajo análisis se ligan con el reconocimiento que el Estado hace de un derecho social fundamental: la protección social de personas mayores. Ahora bien: ¿Cuáles han sido las opciones de políticas de transferencia de ingreso para la vejez en situación de vulnerabilidad? ¿Cómo impactaron en la cobertura de seguridad social para quienes están en este grupo de edad? ¿Qué características tuvo el acceso a dichas políticas para las personas mayores en situación de vulnerabilidad? ¿Cómo son significadas por actores estatales involucrados en la ejecución de las políticas y por personas mayores en condiciones de pobreza que han sido receptoras de las mismas? Proponemos responder estos interrogantes desde una aproximación cualitativa, basada en el análisis de documentos y entrevistas, pero que se apoya también en una serie de datos estadísticos. El capítulo está organizado en tres partes. En la primera, se caracterizan tres políticas destinadas a los adultos mayores, el Programa de Inclusión Previsional (PIP), la Pensión No Contributiva a la Vejez (PNCV), el Servicio Socio Sanitario para la Tercera Edad (SATE), implementadas desde distintos organismos y niveles de gobierno, que incluyen sistemas contributivos de seguridad social y la asistencia social no contributiva. En una segunda parte, se analizan el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a fin de tener un panorama sobre los alcances de la cobertura previsional de jubilaciones y/o pensiones, a nivel nacional y local. En la tercera y última parte se recupera el punto de vista de los técnicos de dos organismos públicos involucrados en el proceso de implementación de dichas políticas y de un grupo de personas mayores –todas ellas residentes en un barrio pobre de la ciudad de La Plata–2 buscando dar cuenta de las formas de acceso, las barreras que lo limitan y su papel en las condiciones de vida de personas mayores.