Los procesos de embarazo y parto (PEP) se han constituido como hechos médicos en nuestro país desde el siglo XIX, cuando se dieron dos procesos conexos: la profesionalización de la atención, que pasó de parteras a médicos, y la institucionalización del parto, que se trasladó del hogar y el contexto familiar hacia el hospital. El objetivo de estas dos ocurrencias estuvo ligado a disminuir las altas tasas de mortalidad materno-infantil, con la incorporación de principios como la asepsia, los controles prenatales y el seguimiento del trabajo de parto y posparto, entre otros. Una de las principales críticas es que este complejo proceso de medicalización construye a los embarazos y partos como eventos sanitario-hospitalarios, homogéneos, estandarizados, controlados y regulados por el personal de salud, con un aumento del uso de la tecnología entre sus intervenciones así como de estas mismas.