Que la conversación y el debate social en nuestro país contenga entre sus tópicos un sin número de disquisiciones acerca de los medios públicos se trata de un fenómeno mucho más reciente de lo que se da por sentado en muchos de los ámbitos que hoy los analizan y discuten acaloradamente, incluidos los de la política y la academia.
Con el retorno de la democracia, en donde el sistema de partidos políticos volvió a discutir el rol del Estado de Derecho, fueron exiguos los espacios donde esas cuestiones tuvieron lugar (algunas universidades y una reducida militancia por una radiodifusión democrática que recurrentemente proponía modificar la Ley de Radiodifusión, heredada de la última dictadura). Sin embargo, y tal como lo plantea Alejandro Linares en "Medios públicos en Argentina. Políticas, democracia y comunicación (2003-20189)”, un hecho clave cambió el rumbo de estas discusiones: la crisis política nacional suscitada a raíz de la disputa entre las asociaciones patronales agrarias y el gobierno nacional en 2008. Este proceso político tuvo, inesperadamente, importantes repercusiones en los medios estatales. En 2009, cuando se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esta situación transformó sustancialmente el debate político acerca de los medios en general y de los medios públicos en particular: las luchas se masificaron y pasaron a formar parte de una nueva y potentísima construcción de estatalidad, que, en el caso de Argentina, había comenzado con la recuperación de todo el andamiaje del Estado en 2003 gracias a la imaginación política de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner luego de la formidable crisis política e institucional de 2001. Hecha esta introducción, entonces, ¿qué se discute cuando intentamos hacer una definición acerca de los medios públicos desde Argentina?