Este trabajo trata sobre el abordaje del consumo de drogas ilícitas desde una perspectiva jurídica y sanitaria, cuestionando la eficacia del modelo punitivo centrado en la criminalización del usuario. A partir de los límites constitucionales establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de tenencia para consumo personal, se examina la tensión existente entre el derecho penal y las políticas de salud pública. Asimismo, se estudian las consecuencias que la persecución estatal de conductas privadas genera sobre el acceso a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento, especialmente en relación con enfermedades como el VIH. En este sentido, se propone abordar el consumo de sustancias psicoactivas como una problemática social compleja, promoviendo políticas de reducción de daños en consonancia con las obligaciones asumidas por el Estado.