El presente trabajo analiza la tensión entre el marco normativo de la prisión domiciliaria y la realidad de las mujeres con consumos problemáticos en La Plata. Se examina críticamente la intervención del Patronato de Liberados, caracterizada por un rol de "espectador" y una lógica punitiva que reduce el proceso de salud a la vigilancia perimetral. Ante el vacío estatal y la falta de políticas de acompañamiento con perspectiva de género, se indaga en la respuesta construida a través de la Rama de Liberados/as del MTE. El enfoque se centra en la figura de las promotoras territoriales, quienes, basándose en el "saber de la experiencia" y la paridad, logran garantizar el acceso efectivo a derechos fundamentales y salud integral, allí donde las instituciones formales fracasan por su desentendimiento material y simbólico.