El presente trabajo examina la tensión existente en el ordenamiento jurídico argentino entre la consagración constitucional del derecho a un ambiente sano y el régimen normativo que regula la actividad minera, en particular la minería metalífera a cielo abierto. A partir de la reforma constitucional de 1994, se analiza el alcance del artículo 41 de la Constitución Nacional, la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 43 y el rol de la Ley General del Ambiente N° 25.675 como norma de presupuestos mínimos de protección ambiental. En este marco, se caracteriza la megaminería como una actividad de alto impacto ambiental, social y económico, destacando sus efectos sobre los recursos naturales, especialmente el agua, y sobre las comunidades locales.
Asimismo, se abordan los principales antecedentes de resistencia social, con especial referencia a Esquel, y su incidencia en la sanción de legislaciones provinciales. Finalmente, se analiza el Proyecto Navidad en la provincia del Chubut y el debate jurídico-político en torno a la zonificación minera, reflexionando sobre el modelo extractivista, la falacia del desarrollo asociado a la megaminería y la necesidad de garantizar procesos democráticos amplios, participativos e informados para la toma de decisiones ambientales.