Capacitar para transformar

Abstract

La sanción de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, constituyó un hito en la institucionalización de las políticas públicas de género en la Argentina al establecer la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Sin embargo, la sola implementación formal de la norma no garantiza transformaciones profundas en las prácticas institucionales ni en las culturas organizacionales. En ese marco, esta investigación/sistematización-reflexión de prácticas analiza el proceso de implementación de la Ley Micaela en el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, con el propósito de comprender sus alcances, limitaciones y potencialidades como herramienta de transformación institucional. Desde un enfoque cualitativo y una perspectiva situada, el trabajo articula aportes de los estudios de comunicación, los estudios de género, el derecho y las políticas públicas para abordar la capacitación no únicamente como una instancia de transmisión de contenidos, sino como un proceso comunicacional, cultural y político capaz de interpelar representaciones, prácticas y relaciones de poder. El trabajo combina el análisis del marco normativo nacional e internacional, la revisión bibliográfica especializada, el estudio de documentos institucionales, informes de gestión y entrevistas a actrices/actores involucradas/os en el diseño e implementación de las capacitaciones. El recorrido analítico reconstruye el contexto histórico que dio origen a la Ley Micaela, examina los fundamentos jurídicos que la sostienen y desarrolla un marco conceptual que vincula comunicación, género y derecho como dimensiones inseparables para comprender las transformaciones institucionales contemporáneas. Posteriormente, se analizan los resultados alcanzados por el Ministerio Público bonaerense, identificando avances significativos en materia de sensibilización, apropiación conceptual y consolidación de políticas institucionales, así como desafíos persistentes relacionados con la evaluación del impacto, la sostenibilidad de los procesos formativos y la incorporación efectiva de la perspectiva de género en las prácticas cotidianas. En las palabras finales, se sostiene que la implementación de la Ley Micaela trasciende el cumplimiento de una obligación legal para constituirse en una política pública estratégica destinada a promover una transformación cultural del Estado. En este sentido, concluye que la formación permanente, la evaluación sistemática de sus efectos y el fortalecimiento de dispositivos institucionales de seguimiento resultan condiciones indispensables para consolidar una administración de justicia comprometida con los derechos humanos, la igualdad y la erradicación de las violencias por motivos de género.