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La tesis se enmarca en casos de reclutamiento y utilización de menores de edad, ocurridos en el marco del conflicto armado interno colombiano y perpetrados por dos de los grupos armados de mayor incidencia bélica, Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, y Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejercito del pueblo FARC-EP, El delito de reclutamiento se circunscribe en la categoría de crimen guerra, conducta tipificada en el Estatuto de Roma -ER, del cual es parte el estado colombiano. Esta investigación, parte de los recientes acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y las AUC y FARC-EP (2005 y 2016) respectivamente. Como consecuencia de ello, se abre paso a la Justicia Transicional permitiendo a través de las salas de justicia y paz, adelantar investigar, procesar y sancionar a los máximos responsables del paramilitarismo, en el despliegue de graves conductas contra el Derecho Internacional Humanitario -DIH y violaciones sistemáticas de Derechos Humanos contra la población víctima del conflicto armado, poniendo el foco en los menores de edad instrumentalizados para la guerra. Asimismo, en el desarrollo, se profundiza sobre la génesis de estos grupos armados, su estructura, organización, características y modus operandi en los territorios; seguidamente se analiza la etapa de posconflicto, la cual, culmina con la firma de los acuerdos de paz, la desmovilización de sus integrantes, la dejación de las armas, la entrega de menores de edad dentro de sus filas y el sometimiento a la justicia transicional de miles de victimarios. El objetivo central de la presente investigación, surge a partir del análisis de fallos proferidos por las salas de justicia y paz, en la que se busca establecer bajo la pregunta ¿En qué medida la Justicia Transicional colombiana ha dado aplicabilidad a los estándares, establecidos en las decisiones de la Corte Penal Internacional en materia de reparaciones frente a los menores de edad víctimas de reclutamiento ilícito?. Para dar respuesta al interrogante planteado, se adopta desde el aspecto metodológico un enfoque cualitativo y descriptivo, en el que se emplea diferentes fuentes: jurisprudencia, normas, doctrina jurídica, instrumentos internacionales, informes oficiales, informes especializados de organismos internacionales y artículos académicos, entre otros. El estudio de casos sobre el delito de reclutamiento de menores de edad, pone el foco en la violencia sexual sufrida especialmente por la niñas al interior de las guerrillas y el uso como arma de guerra, contra las mujeres del grupo adversario y/o población civil. Es a partir de los fallos de justicia y paz, que se entra a determinar si las formas de reparación: indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición en sus dimensiones individual y colectiva, otorgadas por los jueces del sistema transicional están acordes a principios, reglas y estándares establecidos por la justicia internacional en sus decisiones jurisprudenciales, o en su defecto, resultan insuficientes, para reparar a los miles de menores víctimas del delito de reclutamiento y delitos conexos, que se encuentran a la espera de que el estado y la justicia colombiana pueda finalmente resarcir el daño a las infancias robadas. El resultado de esta investigación en principio arroja que, muy a pesar de las dificultades que surgieron al comienzo de la justicia transicional (L. 975 de 2005) hecho histórico que trascendía la justicia ordinaria y requería no solo de la capacidad humana, técnica y jurídica, sino del esfuerzo de todos los entes estatales para su debido funcionamiento. Destaca especialmente, el amplio conocimiento de los operadores jurídicos, jueces y defensores de las víctimas, sobre instrumentos internacionales específicos, ratificados por el estado, además de la garantía de los menores como sujetos de especial protección constitucional y convencional, las obligaciones que corresponde al estado, sociedad y familias en materia de derechos humanos, así mismo, un vasto conocimiento de los hechos victimizantes, y las graves infracciones al derecho internacional humanitario, en las que incurrieron los diferentes actores armados a lo largo del conflicto armado interno. En cuanto al núcleo duro de la investigación, arroja, que las medidas de reparación otorgadas a los menores y familias víctimas del delito de reclutamiento en el marco del conflicto interno, a través de los fallos de justicia y paz, logran en su mayoría CUMPLIR los estándares en sintonía a las decisiones de las salas de la Corte Penal Internacional, en referencia a dos casos analizados, las condenas contra: Lubanga Dylo de la República Democrática del Congo y Dominic Owgen de la República de Uganda, por los cargos de alistar y reclutar a niños menores de 15 años en las FPLC y utilizarlos para participar activamente en hostilidades en el sentido de los artículos 8(2)(e)(vii) y 25(3)(a) del Estatuto de Roma -ER; adicionalmente, por cargos de violencia y sexual y de género considerados crímenes contra la humanidad, según artículo 7 del ER. Desde la perspectiva internacional, supone un gran avance, de la justicia transicional colombiana, al dar reconocimiento de reparaciones a menores de 18 años, frente al límite de edad, que establece el ER, que, para se configure el crimen de guerra, el reclutamiento o alistamiento debe recaer en menores de 15 años,. Contrario a esta regla, Colombia, que ha sufrido la crudeza del conflicto, decidió aumentar la edad de prohibición de reclutamiento establecida en el Estatuto de Roma, a la edad de 18 años, encontrándose tipificada en la ley penal. Así las cosas, se sienta un precedente jurídico, elevando a un estándar superior frente a lo establecido hasta el momento en las cortes internacionales, lo cual, y para el caso de estudio, se ve reflejado en las reparaciones otorgadas por los jueces de justicia y paz en las sentencias analizadas. Finalmente, esta investigación da cuenta de los grandes avances de la justicia en materia de reparaciones frente al delito de reclutamiento de menores de edad ocurridos durante el conflicto armado, no obstante, queda un largo camino por transitar, como es el macro caso 007, que actualmente adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, en relación a las miles de víctimas dejadas por las extintas FARC-EP., especialmente por el delito de reclutamiento ilícito y violencia basada en género dentro de las filas armadas. Por otra parte, preocupa que el conflicto ha ido mutando en los territorios con guerrillas que aún siguen vigentes, grupos disidentes y las nuevas bandas criminales, que abren espacio al aumento cifras de reclutamiento de menores, mientras se intenta llegar acuerdos que permita por fin tener territorios en paz. Adicionalmente, se logra vislumbrar la política pública sobre prohibición y protección de niños, niñas y adolescentes contra el reclutamiento ilícito, en el marco del documento CONPES 3673 de 2010, el cual, requiere mayor acción y compromiso de todos los actores que permitan materializarla. La tarea en la ejecución de la política, no debe quedar solo a merced de los organismos multilaterales y sociedad civil, puesto que, esta debe ser una política de Estado que despliegue un trabajo en todas sus dimensiones con los habitantes de los territorios especialmente los más afectados del conflicto-
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