El debate en torno a la reforma de la ley orgánica municipal bonaerense de 1926

Abstract

La etapa de los gobiernos radicales en la Provincia de Buenos Aires que fue desde la intervención federal de 1917 hasta el golpe de Estado de 1930 se caracterizó por un protagonismo especial de la cuestión municipal. Esta centralidad no es llamativa ya que varias cuestiones coadyuvaban, y algunas lo hacen todavía hoy, para reforzar la importancia de la política municipal en esta provincia: la gran cantidad de distritos -potenciados por la relativa debilidad de una capital que no había podido ocupar del todo el lugar dejado por la ciudad de Buenos Aires-, la centralidad que la Constitución provincial otorgaba a los municipios tanto en términos de autonomía como de organización de los procesos electorales, además del protagonismo que la propia Carta Magna daba a la legislatura, cuya composición se basaba en un sistema de secciones electorales que también se relacionaban íntimamente con la política local. A partir del final de la hegemonía del P.A.N. en la Provincia en 1893 la gobernabilidad se tornó complicada para quienes fueron pasando por el sillón de Rocha y la política municipal fue percibida como una de las causas de dicha conflictividad. He dado cuenta en trabajos anteriores de las lamentaciones de los gobernadores Guillermo Udaondo (1894-1898) y Bernardo de Irigoyen (1898-1902) acerca de cómo el excesivo poder de los municipios, y de los liderazgos locales y seccionales que generaban —y que se expresaban en la legislatura de la provincia— complicaban el ejercicio del poder ejecutivo provincial. Recién con la llegada de Marcelino Ugarte (1902-1906 y 1914-1917) a la gobernación se pudo morigerar la incidencia de los poderes locales y retomar una iniciativa política más centralizada. Ugarte logró una suerte de pax municipal, aumentando algunas prerrogativas del ejecutivo sobre los gobiernos municipales que le dieron gobernabilidad, aunque afectaron su legitimidad.