Construir una comunidad global de futuro compartido: un nuevo paradigma del Estado de derecho global para el Sur global

Abstract

La Comunidad de Destino Compartido para la Humanidad constituye una de las aportaciones teóricas más originales y relevantes de la “China en la nueva era”. No se trata únicamente de un horizonte filosófico sino también de una plataforma de convergencia normativa para la construcción de un “Estado de derecho global” (Li Lin, 2025). En este marco el Estado de derecho en China ha adoptado una visión estratégica y multidimensional que integra dimensiones políticas sociales económicas e internacionales apoyándose en una metodología jurídica que configura un nuevo paradigma basado en los “valores comunes de la humanidad” (Zhang, 2024) desde una perspectiva humanística (Staiano, 2020). Esta orientación se expresa con claridad en el Plan para la Construcción del Estado de Derecho en China (2020–2025) que subraya la necesidad de su impulso cualitativo tanto en el plano nacional como en el internacional. La noción de Estado de derecho global emerge así como un elemento clave para fortalecer el sistema internacional promoviendo una gobernanza centrada en el papel de las Naciones Unidas un orden mundial basado en el derecho internacional y un “nuevo tipo” de relaciones internacionales inspirado en la Carta de las Naciones Unidas. En este contexto el concepto de “Estado de derecho integral” promovido por Xi Jinping propone una “conexión orgánica entre el Estado de derecho nacional y el internacional” (Liu, 2021). La nueva Ley de Asuntos Exteriores de la República Popular China constituye un ejemplo paradigmático de esta articulación: una norma jurídica interna con vocación internacional que vincula los valores jurídicos nacionales con los principios universales de paz desarrollo equidad justicia democracia y libertad. La propuesta de construir una Comunidad de Destino Compartido en última instancia refleja el esfuerzo innovador y evolutivo de China por consolidar un Estado de derecho global orientado hacia una gobernanza efectiva de los derechos humanos en coherencia con el marco normativo de las Naciones Unidas.