Como es bien sabido, los documentos de índole jurídica se encuentran fuertemente marcados por el campo temático al que pertenecen (Borja Albi y Hurtado Albir, 2003), así como también por las relaciones jurídicas que se crean entre los participantes que intervienen (Borja Albi, 1999). Esto quiere decir que la traducción de este tipo de documentos necesariamente implica comprender que los textos se enmarcan en un ordenamiento jurídico y que, en palabras de Prieto Ramos (2022), "cada ordenamiento jurídico responde a distintas maneras de regular las relaciones humanas y organizar las instituciones a lo largo de la historia” (p. 3). Además, dado que la ley conceptualiza y da origen a las relaciones entre los participantes, en el ámbito del derecho, tal como explica Tiersma (2000), el lenguaje tiene un papel fundamental.