Hacia 1786, el Cabildo de Buenos Aires informaba sobre la necesidad de la instalación de un Consulado para la ciudad, y con él, la de una jurisdicción privativa para los comerciantes. En su escrito, del 22 de julio de aquel año, se argumentaba que: porque con efecto nada puede conceptuarse mas ventajoso, que el que la universidad de Negociantes tenga un tribunal, á cuyo cargo se confie la resolución de todas sus causas relativas á el Comercio, y unas Leyes a las quales se atemperen todas quantas decisiones ocurran: medio el mas interesante para evitar controversias demorosas, y para que se ebacuen evitando las ritualidades prescriptas en el foro que suelen hacer muchas veces las causas impertinentes, y odiosas. El contexto en el que este pedido ocurría era el del crecimiento mercantil de Buenos Aires, refrendado por la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776.