La aplicación de astreintes al Estado y a los funcionarios públicos en la etapa de ejecución de sentencias en el proceso contencioso administrativo

Abstract

En el presente trabajo nos inmiscuiremos en el análisis de la figura procesal de las astreintes, en su carácter de herramienta jurídica central que permite a los jueces tornar operativo el derecho a la tutela judicial efectiva cuando es el propio Estado Nacional o sus entidades quienes se rehúsan -sin fundamento ni razón atendible alguna- a acatar el contenido de las sentencias o mandatos judiciales dictados en los procesos contenciosos administrativos que los tienen como parte. La tutela judicial efectiva –en tanto garantía constitucional receptada por nuestro ordenamiento jurídico positivo -despliega sus efectos en tres momentos procesales distintos: primero, en lo que hace al acceso a la jurisdicción; segundo, en lo que atañe al desarrollo del proceso contencioso propiamente dicho; tercero, en lo que respecta a la ejecución de las sentencias o mandatos judiciales dictados en el marco de los referidos procesos. En este caso puntual centraremos nuestra principal atención en este tercer y último momento, puesto que es en la etapa de ejecución de sentencias o mandatos judiciales donde el instituto de las astreintes adquiere toda su dimensión, relevancia y sentido. Bajo esos parámetros, comenzaremos nuestra labor intentando comprender esta difusa figura a través de una somera definición de su concepto, su naturaleza jurídica y su finalidad. Posteriormente, nos adentraremos en el estudio de la aplicación de este tipo de sanciones procesales en el concreto marco del derecho administrativo,haciendo foco en algunas regulaciones previstas en el derecho comparado y analizando las ventajas y problemáticas que plantea la aplicación de astreintes al Estado lato sensu y a los funcionarios y/o agentes públicos. También haremos hincapié en un aspecto que entendemos significativo y sumamente actual en la temática sub examine: la Ley de responsabilidad del Estado N° 26.944 y la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Por último, a modo de corolario,ensayaremos nuestras conclusiones finales al respecto.