Una evaluación de la situación Argentina y su probable evolución requiere tomar en cuenta cuatro dimensiones significativas.
Ellas son en primer término, la de su propia historia y condicionantes, a partir de las dificultades que sucesivos episodios de default de la deuda pública, no menos de nueve en su historia institucional, en una lectura restrictiva y benigna, que aparejados a acciones violatorias de los derechos de propiedad, como lo han sido distintas confiscaciones e indisposiciones de depósitos en el sistema financiero nacional generan una desconfianza estructural que limita las opciones disponibles para la gobernabilidad argentina.
En segundo término, resulta primordial estudiar el desempeño de sus instituciones, dada su crónica fragilidad en términos de una gobernanza similar a los países que se organizan en base al estado de derecho.
En tercer término, el desempeño del sistema político y la canalización de las demandas, valores, aspiraciones y anhelos de una sociedad heterogénea y compleja, no solo en su dimensión social sino también geográfica, ha ofrecido históricamente vulnerabilidades que culminaron en fracasos de orden político, en algunos casos resuelta con la prematura renuncia de los que ejercían la primera magistratura, y en casos más graves con una ruptura institucional abierta, que concluyó en episodios muy delicados de excesos de todo tipo.
En cuarto término, se requiere una evaluación de las políticas públicas a seguir por la administración entrante y su consistencia con las restricciones que la economía impone, así como por una secuencia y una proporcionalidad a la demanda que tales condicionamientos implica.