La integración regional se reconoce como un proceso progresivo de articulación de políticas públicas de diferentes actores que buscan crear espacios de cooperación abarcando diversas áreas de su interés (Bernal Meza, 2018). De esta manera, emergen bloques e instituciones como parte de estos procesos, los cuales hay que observar como cristalizaciones de una relación de poder, que se construye en un territorio determinado (Merino, 2017). Dentro de los mismos, se reconocen disputas entre proyectos políticos estratégicos, los cuales definen diferentes territorialidades y modelos de integración.
Russell y Tokatlian (2013) señalan que los países de América Latina cuentan con dos grandes estrategias a la hora de buscar concretar sus objetivos en sus políticas exteriores. Por un lado, la estrategia del regionalismo abierto plantea que los procesos de integración deben favorecer el intercambio comercial, la búsqueda de beneficios económicos y el aprovechamiento de las ventajas comparativas, generando instancias no burocratizadas y flexibles, eliminando trabas y barreras arancelarias (Botto, 2019).
Por el otro lado, los planteamientos del regionalismo autónomo o desarrollista giran en torno a cambiar la estructura económica y la industrialización, la construcción de cadenas regionales de valor y el desarrollo tecnológico para mejorar la competitividad y el posicionamiento del bloque en el mercado mundial