Requisitos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para realizar el control de convencionalidad

Abstract

La temática del control de convencionalidad, no resulta sencilla de abordar. Muchos especialistas en la materia -elegidos sus textos para realizar este trabajo-, advierten sobre su complejidad. Su contenido resulta abultado, pero a su vez, de demasiada importancia para cualquier individuo y para las sociedades en su conjunto. Comprende una numerosa cantidad de asuntos (y casos judiciales) sobre los derechos humanos, y una compleja articulación y entrecruzamiento de los textos constitucionales -y de la normativa infraconstitucional- de los diferentes estados de la región americana, con el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos -en adelante CADH-, y asimismo, con el texto de otras convenciones y tratados de derechos humanos que han sido ratificados por dichos estados. Todo esto y mucho más, ha generado una proliferación de jurisprudencia del órgano de justicia regional -la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte IDH-, muy dispersa en la materia de derechos, que también confluye e interactúa con las sentencias de las cortes supremas de justicia nacionales o de los tribunales constitucionales, en su caso. Por lo cual, entendiendo ese amplio y complejo contenido existente en la materia, este trabajo final integrador (TFI), sólo pretende dilucidar la temática concerniente a cómo ha evolucionado el control de convencionalidad, a través de la actividad desplegada por la Corte IDH, que, haciendo uso de su competencia contenciosa y consultiva, fue creando y formando el control de convencionalidad, con el aporte de los diferentes jueces que la han integrado; y así fue estableciendo nuevas obligaciones y requisitos para los estados miembros de la CADH, que resultan ser derecho positivo vigente y obligatorio (y esto más allá de las obligaciones existentes en los textos convencionales del sistema jurídico interamericano de derechos humanos, y demás tratados internacionales de derechos humanos, y principios del derecho internacional), ampliando de esa forma, la materia aplicable en el control de convencionalidad . Veremos que la Corte IDH, con el control de convencionalidad, también ha ido incrementando cada vez más su poder, y por ende, su influencia en los estados de la región americana, tal vez con algunas cuestiones adoptadas similarmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o de la misma forma que lo han hecho algunas cortes supremas de justicia nacionales en sus respectivas jurisdicciones estatales con el control de constitucionalidad, en la puja de poderes y con finalidades que requerirían de un análisis crítico que no comprende el contenido del presente trabajo. Pero sólo decir, que esta actividad en análisis desplegada por la Corte IDH, ha sido un aporte muy importante, que ha ensanchado, o ampliado si se quiere, el camino posible del control de convencionalidad, hacia una búsqueda de una mejor defensa y protección de los derechos humanos en el territorio americano, y que deben tomar y abordar todos los operadores jurídicos a su alcance. Y ese abordaje por parte de los operadores jurídicos, debe ser a través de un cambio de paradigma en lo que respecta al modo de pensar, entender y ejercer el control de convencionalidad, que con mucho arraigo suele expresarse en los ámbitos de actuación administrativa, legal, judicial y académica, como algo que sólo tiene valor e importancia cuando un caso se resuelve en la Comisión IDH o en la Corte IDH, y que eso demanda mucho tiempo (años, eso se escucha decir). En realidad, el control debe ser ejercido adecuadamente en el ámbito interno de un estado y en las primeras instancias de actuación, ya sea administrativa, legal o judicial, y en la emisión, sanción o ejecución de normas, y en el ámbito público o privado. Es decir, en todo ámbito de actuación que tenga implicancias o efectos jurídicos y que también sea aplicable la materia convencional (que es muy amplia) “todos debemos hacer control de convencionalidad”, y bajo los parámetros que nos marca la Corte IDH. Es de suma importancia el rol de los operadores jurídicos para el efectivo control de convencionalidad interno de un estado, y para seguir coadyuvando con sus aportes jurídicos en la evolución del control de convencionalidad. La temprana atención de las cuestiones convencionales y el acortamiento de los tiempos para realizar un adecuado control de convencionalidad, contribuyen a una mejor aplicación y mayor defensa de los derechos en vigor, y a la disminución de los daños que producen su no debido control temprano. Asimismo, contribuyen a evitar la generación de casos litigiosos o proporcionar la resolución de los ya generados en tiempos razonables. Además, de coadyuvar a que las medidas y actuaciones (de hecho) que se tomen en los distintos ámbitos sociales y dentro de un estado (público y privado), estén acordes, a estas normas convencionales, y como las interpreta la Corte IDH. Y aquí, sobre esto último, podríamos hablar de un “control preventivo de convencionalidad”, a la hora de tomar medidas de hecho o de otro tipo que van producir los mencionados efectos y sea aplicable la materia convencional. La corte IDH ya ha transitado un largo camino con el control de convencionalidad, y nos ha dejado los lineamientos para hacer un adecuado control interno dentro de un estado, y en una cantidad innumerable de derechos, garantías, e interpretaciones de la materia convencional e internacional. Sólo deberíamos acudir a su jurisprudencia y a sus actuaciones, y en su caso, litigar ante la Comisión IDH y ante ella, como últimas garantes, cuando todo lo mencionado en los párrafos precedentes no se haya llevado a cabo, y cuando los órganos de un estado responsables máximos y encargados de velar por su cumplimiento, hubieran omitido realizar el debido control convencional, y en tiempo y forma. Siguiendo esa idea y pretensión volcada en los párrafos que anteceden, el TFI comprenderá varios temas que se desarrollarán en forma moderada y que se encuentran interrelacionados, y que son necesarios abordar. Son las diferentes partes del TFI que pueden tener su autonomía, pero agrupadas, conforman a su vez, una gran parte del mismo. Pero, se advierte nuevamente, que la materia es muy amplia, como también el actuar de la Corte IDH a lo largo del tiempo. Por lo cual, el contenido del presente TFI no agota la cuestión planteada en cuanto a la amplitud dada por la Corte IDH al control de convencionalidad, pero sí, puede ser un indicador de búsqueda de un debido control de convencionalidad, y, por ende, de una mejor aplicación, defensa y protección de los derechos en vigor.