Evolución de la protección contra el despido arbitrario en el empleo público: análisis jurisprudencial desde la doctrina fijada en los fallos "Madorrán" y "Ramos" a la actualidad

Abstract

La fuerte presencia estatal en la República Argentina en los últimos 20 años trajo aparejada la necesidad de contar con empleados públicos que aseguren el correcto funcionamiento del Estado a efectos de lograr el cumplimiento de los objetivos a los que este intenta hacer frente. El crecimiento de la población estatal observado en los últimos años, sin embargo, no se materializó mediante las figuras clásicas previstas en las normas que regulan la materia, sino a través de aquellas alternativas que brinda la legislación, para ser utilizadas a modo de excepción. En efecto, el cuerpo normativo legal existente sobre esta temática se ve notoriamente desdibujado dado que la Administración Pública no suele cumplir íntegramente con las normas que rigen el empleo público, y en específico, que regulan la contratación de personal de planta permanente. Nos explica Ivanega que "La crítica al sistema abusivo de contrataciones no es nuevo, ya Marienhoff había señalado que si bien teóricamente el contrato ad-hoc es un medio correcto y plausible ‘en la práctica se encuentra desprestigiado debido al abuso de que fue objeto (...) se ha convertido en una expresión de favoritismo hacia personas sin méritos, cuya presencia en la Administración Pública, innecesaria e injustificada, resulta perniciosa.” Lo expuesto conlleva una problemática, la cual no se presenta en la contratación de trabajadores mediante vínculos carentes de estabilidad, sino en la instancia de rescisión de tales contratos. Conforme se observará en el presente trabajo, los reclamos judiciales derivados de la finalización del vínculo han girado en torno a dos pretensiones principales: por un lado, la reincorporación al puesto de trabajo, bajo el entendimiento de que la utilización de modalidades contractuales alternativas constituye un mecanismo para eludir el carácter permanente y estable de la designación; y por el otro, la indemnización con fundamento en las normas del derecho privado, en particular, la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. Ello se explica porque, en los supuestos en que se rechazaba la reincorporación, el trabajador quedaba, en numerosas ocasiones, desprovisto de cualquier tipo de reparación, en tanto el régimen excepcional de empleo público aplicado no contemplaba resarcimiento alguno por la finalización del vínculo y, a su vez, no resultaba procedente la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo a este tipo de contrataciones. Así las cosas y como se observa de los hechos de la realidad, las contrataciones en el Estado se han reiterado por estos canales alternativos, los cuales han suscitado múltiples reclamos ante la justicia frente a los despidos injustificados, en atención, en especial, a la ausencia de indemnización. Antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como "Madorrán” y "Ramos” fueron fallos bisagra en la evolución de la postura de nuestro máximo tribunal y nos permitirán esquematizar las marcas salientes que toma la CSJN para determinar cuál es el empleo público que goza de la estabilidad denominada propia y cuál de impropia. Esta esquematización permitirá a su vez determinar cuándo nos encontramos ante supuestos que admiten la restauración en el empleo (característica de la estabilidad propia) y aquellos que permiten únicamente una indemnización. En función de lo expuesto, la selección del tema de estudio tiene por objeto analizar estas características, y en específico los parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diferentes fallos jurisprudenciales desde el año 2007 hasta el presente, tomando como punto de partida los antecedentes antes referenciados, continuando el recorrido jurisprudencial a través de los casos más emblemáticos vinculados al tema, conjuntamente con la evolución de su doctrina, a fin de poder compendiarlos y lograr un mayor entendimiento respecto de su postura. Para lograr este objetivo, se intentará definir cuál es el criterio utilizado por la Corte para otorgar a determinados agentes públicos los derechos derivados de la estabilidad propia, con su consecuente reincorporación ante un despido incausado, y a otros la estabilidad impropia, con su correspondiente indemnización por despido, no obstante tener ambos grupos como empleador al Estado.