La ocupación de lotes o fracciones de tierras por decretos municipales bonaerenses y prácticas confiscatorias vedadas

Abstract

Finalizando la segunda década del siglo XXI reaparecen prácticas encubiertas de ocupación de bienes inmuebles, en jurisdicción municipal, bajo una anacrónica norma provincial, sancionada en épocas de dictadura militar en 1969 y la suspensión de derechos y garantías constitucionales.Después de medio siglo conserva opinable vigencia jurídica reñida con principios constitucionales básicos sobre el derecho humano a la propiedad, el art.17 de la C.N. dispone “ La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada...La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino…”. Los decretos municipales, por aplicación de la Ordenanza General 38/1969, facilitarían una silenciosa práctica de usurpación y confiscación, por decreto municipal, de propiedades privadas desplazando arbitraria, ilegítima,ilegal e inválidamente normas jurídicas de fondo que no califica al “abandono” como causal de “ocupación” y “desapoderamiento” del titular de dominio discrecionalmente dispuesta por un decreto municipal. La Ordenanza General 38, sancionada por el P.E. provincial de facto, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires el 10 de marzo de 1969 constituye una clara norma abrogada tácitamente por incompatibilidad absoluta con el ordenamiento jurídico constitucional, del Estado de Derecho y la seguridad jurídica.