Biodiversidad e información: marco ético para la regulación de bienes públicos

Abstract

Tradicionalmente los bienes públicos, en contraposición con los bienes privados, han sido definidos técnicamente como aquellos bienes cuyo consumo en forma particular no limita a las demás personas de su uso: todas pueden disfrutarlo de la misma manera -(a) no rivalidad de consumo-; no pudiéndose nadie ser excluido de su consumo- (b) la no exclusividad-. En este sentido, si la biodiversidad, la información o el conocimiento es un bien público, este bien tiene que estar a disposición de todos y las ventajas que emanan de ese bien deben ser repartidas justamente. Por estas características, aún en el interior de las ciencias económicas tradicionales, se les adjudica a los bienes públicos la cualidad de que su provisión se ubica en el campo de acción legítima del Estado. Se sabe que, a partir de la teoría de la economía pública, el mercado fracasa cuando se trata de la producción de bienes públicos. El mercado y la competencia son medios e instrumentos. Pero no todo lo que económicamente parece racional conduce necesariamente al bien general. Por ello, a partir de la década del 90 se incorpora la tercera característica a la definición anterior: (c) la distribución de beneficios y compensación de generaciones futuras por el uso de estos bienes. Nuestra propuesta aquí es formular un marco ético que permita repartir beneficios, proteger la biodiversidad y el conocimiento, y regular el uso de bienes públicos. Una mayor cercanía a la realidad por parte de los modelos económicos implicaría, a nivel práctico, tomar más en serio los principios éticos ya existentes (sentido del bien común, solidaridad, justicia) en relación con los bienes públicos en cuestión (información, conocimiento, biodiversidad).