La responsabilidad del Estado frente a las políticas publicas del Gobierno argentino ante la pandemia del COVID-19

Abstract

En este texto propongo un primer acercamiento más general y provisorio al análisis jurídico al conjunto de las principales medidas dispuestas por el Gobierno de la República Argentina para afrontar la crisis del coronavirus evaluando el contexto político, institucional y las condiciones sociales en las que se desenvuelven. Luego sí, me gustaría desarrollar un análisis – también provisorio- respecto de la razonabilidad de la medida que más claramente pone en juego la crisis entre derechos individuales y colectivos, consistente en el aislamiento social preventivo y obligatorio, conocido popularmente como “cuarentena”, y que se dispuso mediante una decisión administrativa que –como veremos- se fue prorrogando –con paulatinas flexibilizaciones por actividad y por zonas geográficas- hasta quedar reducida al Área Metropolitana de Buenos Aires –AMBA- y algunas ciudades provinciales, por ahora hasta el 30 de agosto de 2020. Intentaré responder estas preguntas: ¿Cómo debemos evaluar y caracterizar las medidas dispuestas por el gobierno? ¿Se trata de limitaciones antijurídicas que afectan gravemente derechos fundamentales? ¿Se pueden sopesar en este escrutinio entre costos y beneficios de las políticas adoptadas? ¿Hasta dónde es libre el Poder Ejecutivo para tomar decisiones que afectan derechos individuales básicos?