La concepción de sujeto en el campo de la Salud Mental en Argentina

Abstract

Las diferentes nociones de sujeto que subyacen en el ámbito de la Salud Mental se encuentran determinadas por construcciones históricas e imaginarios sociales acerca del sujeto que demanda atención. Partimos de poder caracterizar la configuración del campo de la Salud Mental como un proceso que fue gestado a partir del modelo asilar-manicomial hasta llegar a las importantes políticas de Salud Mental que se desarrollan actualmente en nuestro país (Arriagada, Ceriani & Monópoli, 2013). El objetivo del presente trabajo será dar cuenta -desde un enfoque cualitativo de investigación basado en la exégesis bibliográfica- del modo en que la concepción de sujeto, en relación a sus vicisitudes y condicionamientos subyacentes a cada momento histórico que ha atravesado en las políticas públicas argentinas, ha ido variando hasta llegar a cristalizarse en la concepción de sujeto de derecho. En este sentido, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 supone un antes y un después en la manera de abordar al sujeto. Considera a toda persona con padecimiento mental como sujeto de derecho y destaca que ninguna enfermedad, trastorno, padecimiento o condición, anula la condición de persona ni debe sustituirla. Sin embargo, a once años de la sanción de la Ley, consideramos que en materia de Salud Mental hay cuestiones no han sido completamente saldadas. Si bien las políticas públicas expresan un amplio consenso en la comunidad científica respecto de dar una respuesta integral a las problemáticas ligadas al padecimiento mental, las concepciones y prácticas del modelo asilar continúan ejerciendo poder en el discurso social y en las prácticas en salud, principalmente a través de la orientación médica hegemónica y el sector judicial. Es por ello que se vuelve fundamental que los avances en el campo de la Salud Mental se conviertan en el anclaje que nos permita lograr la necesaria profundización y materialización de las políticas públicas, sin dejar de destacar que el Estado debe cumplir un papel activo como sujeto protectorio de los Derechos Humanos de todas las personas.