Responsabilidad del Estado frente al cumplimiento de las medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado incluidas en el Acuerdo de Paz de La Habana

Abstract

El desplazamiento forzado en Colombia se ha establecido como una de las modalidades del conflicto armado que se suma a las múltiples expresiones de la delincuencia, la violencia y la violación sistemática de los derechos de la población. La población desplazada se ve obligada a abandonar los territorios que han configurado no solo como su hábitat sino también como su medio productivo de subsistencia, debido a las presiones y amenazas de los grupos armados al margen de la ley, o también, debido a las condiciones de inseguridad que se experimentan en diferentes regiones del país. Como lo explica Santana (2013) el desplazamiento forzado se asocia con elementos como la pobreza y la vulnerabilidad social, y exige el desarrollo de enfoques efectivos de atención humanitaria inmediata y de políticas de recuperación territorial, que les permitan a las víctimas avanzar en el desarrollo de procesos de construcción social de paz. La llegada continua de miles de personas desplazadas a las principales ciudades del país, quienes han perdido sus tierras, viviendas y medios de subsistencia debido a la guerra, se ha configurado como una compleja situación de emergencia social y humanitaria. Ante esta situación, el gobierno ha respondido con la conformación de entidades como la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) y la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, además de promover el desarrollo de leyes que orienten los principios de atención inmediata a las víctimas del conflicto, como la Ley 975 del 2002 y la Ley 1448 del 2011. Sumado al establecimiento de un conjunto de acciones y proyectos de seguimiento para atender a las necesidades particulares de la población víctima en situación de desplazamiento. Sin embargo, la realidad es que el Estado no ha logrado responder de manera efectiva a las necesidades de la población desplazada, debido a un complejo proceso de posconflicto que ha tenido que desarrollarse en medio de una inestabilidad política y continuidad del conflicto armado. Aunado a lo anterior, los programas que han sido desarrollados por el Estado no tienen la capacidad de atender de manera eficiente a la totalidad de la población desplazada que apenas sobrevive al interior de las ciudades del país (Santana, 2013). Es clave tener en cuenta que la labor del Estado no solo se encuentra en definir una serie de herramientas legales y normativas que orienten los procesos y dinámicas para la restitución de tierras a las víctimas del desplazamiento forzado, sino que también tiene la obligación de garantizar la aplicación material de las medidas con el fin de que la población víctima no tenga que enfrentar nuevas vulneraciones de sus derechos. Lo anterior es vital para avanzar de manera concreta y significativa en una reparación material e integral de las víctimas del conflicto armado colombiano. Con base en esto, si bien existe una legislación en torno a los procesos de reparación, además de la configuración de entidades que apoyan los procesos de reintegración y restitución de tierras, la realidad es que el país carece de iniciativas y estrategias de evaluación que permitan determinar la efectividad de dichas medidas. Contar con un mecanismo de evaluación es fundamental para analizar la forma en que el Estado ha logrado cumplir con su responsabilidad frente a las víctimas en condición de desplazamiento forzado. Por lo tanto, ante esta falencia, se han generado dudas en torno al Acuerdo de Paz de La Habana y al desarrollo de un conjunto de medidas, problemáticas y limitaciones, que podrían deslegitimar la responsabilidad del Estado frente a las víctimas. De acuerdo con lo anterior, se evidencia la necesidad no solo de describir cuál es la responsabilidad del Estado frente a los procesos de reparación integral de víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, sino también de analizar si el Estado en realidad ha podido cumplir materialmente con los principios que ha establecido en el plano legal y judicial con respecto a la situación de las víctimas. Este análisis es clave para reconocer las limitaciones que ha tenido que enfrentar el gobierno y sus instituciones para garantizar procesos efectivos de reparación y restitución de tierras, y para entender las debilidades que se han generado en el plano estatal a la hora responder a las necesidades concretas de las víctimas del conflicto armado colombiano. De lo anterior se desprende la importancia de las ciencias políticas en la evaluación de las herramientas que conllevan al proceso de reparación integral de las víctimas, pues es a través de esta rama investigativa que se logra determinar los verdaderos alcances de las políticas del postconflicto. Así mismo, esta promueve en cierta medida aspectos como el acceso a la justicia, la reparación y la restitución de los derechos de los afectados. En esencia, desde la ciencia política se busca operar sobre la realidad social, económica y jurídica del Acuerdo de Paz, en asociación con la responsabilidad del Estado frente a las víctimas del desplazamiento forzado.