La protección de los/as defensores/as en la gobernanza ambiental Acuerdo de Escazú

Abstract

La gobernanza ambiental entendida como la relación naturaleza-sociedad en un sentido amplio (relaciones culturales, económicas, políticas e institucionales) aborda la forma en que la sociedad se organiza para resolver sus dilemas, crear nuevas oportunidades y, proporcionar tanto oportunidades como desafíos en el logro de un desarrollo más justo, equitativo y sostenible. En el contexto actual, la gobernanza ambiental enfrenta el desafío de una crisis climática sin precedente. En este sentido, es importante tener en cuenta la relevancia de la protección del medio ambiente para la sustentabilidad planetaria, como así también que los “cuidadores de la tierra” o “defensores/as” cumplen un rol fundamental para la promoción de los derechos humanos y la defensa de los derechos de incidencia colectiva. En ese marco, los derechos humanos de participación y el acceso a la información, reconocidos ya en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) constituyen dos pilares fundamentales para las actividades desarrolladas por los defensores/ras ambientales; dado que el acceso a la información ambiental oportuna y completa es imprescindible para garantizar tanto la participación cívica y la consulta legítima de los pueblos (DAR, 2019), así como el acceso a justicia ambiental. En este mismo sentido, el Acuerdo de Escazú - recientemente ratificado por 12 países de América Latina y el Caribe2- reconoce con carácter vinculante los derechos a información ambiental, participación pública para la toma de decisiones y acceso a la justicia buscando asegurar el ejercicio y protección de los derechos humanos de los Defensores Ambientales y poblaciones vulnerables; y comprometiendo a los Estados a garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden estos derechos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. En este trabajo entonces se abordará, en el marco de la gobernanza ambiental participativa, la relación entre la protección y criminalización de la labor de los/as defensores/ras ambientales y el Acuerdo de Escazú, como instrumento regional marco para el desarrollo e implementación de políticas de estado que garanticen en materia ambiental, el derecho a la información completa y oportuna, la participación pública para la toma de decisiones, y el acceso a justicia. Para ello, destacaremos la importancia y necesidad de hacer parte de las decisiones políticas a estos actores ambientales, dándoles reconocimiento, consolidando la participación democrática y evitando así que sean vulnerados sus derechos.