Política de drogas: La criminalización de la pobreza con perspectiva de género

Abstract

La política de drogas, como toda intervención estatal, no genera efectos neutrales. Las consecuencias evidenciadas por un poco más de medio siglo dan cuenta de las afectaciones sociales, económicas, culturales que inciden de manera diferencial sobre cuerpos determinados. Cuerpos sobre los cuales han recaído la interseccionalidad de las opresiones, como es el caso de las mujeres. Mujeres explotadas, marginadas, excluidas son objeto de la persecución y represión del Estado respecto a una industria ilegal en el que son carentes de poder. El microtráfico se convirtió para ellas en la única opción posible para obtener recursos económicos de sostenimiento para ellas y sus familias, ante la ausencia de un Estado que no les garantizó el derecho a la educación, a la salud, al trabajo y que solo se hizo presente para castigarlas por trasgredir la norma y los roles tradicionales de género. La presente investigación les pone rostro a dichos efectos a través del análisis de los fallos judiciales y los testimonios de 9 mujeres privadas de la libertad en la Reclusión Nacional de Mujeres el Buen Pastor de Bogotá, Colombia. Sus perspectivas, análisis, y anhelos dan cuenta del continuum de violencias que ha atravesado sus vidas, y en las que el Estado tiene un rol determinante. El Estado colombiano, en cumplimiento de las políticas dictadas por EE. UU., al implementar una política de drogas que privilegia el derecho penal sobre otras miradas, además de no dar solución a esta problemática, genera efectos individuales, familiares y comunitarios sobre las mujeres involucradas en delitos de drogas, que no son otra cosa sino la reproducción y la reafirmación de la violencia en su contra, lo que convierte la guerra contra las drogas en una guerra contra las mujeres. La ausencia de la aplicación del enfoque de género y de derechos humanos en el diseño y desarrollo de la política contra las drogas desconoce las obligaciones internacionales para garantizar los derechos de las mujeres y, en concreto, el derecho a vivir una vida libre de violencias. Los estándares universales y regionales plasmados en convenciones, recomendaciones, sentencias, no traspasan los procesos judiciales ni las puertas de las cárceles donde, al parecer, estas mujeres no son merecedoras de la protección y garantía de sus derechos, y solo es evidente la dureza de la ley y su expresión a través de prácticas violentas. Este panorama exige avanzar hacia una política de drogas desde otras miradas, que ponga en el centro a las personas y ataque las causas estructurales de pobreza y discriminación a las que se enfrentan aquellas que resultan siendo funcionales al fortalecimiento del narcotráfico y el blanco fácil de la persecución y el castigo.