El uso, la conservación del suelo agrario y el sistema jurídico

Abstract

El presente capítulo propone reseñar abreviadamente el sistema jurídico comprensivo de la cuestión de los recursos naturales en general y de los suelos aplicados a la producción agraria en particular. Se indaga en los cuerpos jurídicos normativos sobre instrumentos de política ambiental, del complejo desbrozamiento conceptual de “uso racional”; de la estructura jurídico normativa del Estado Federal y Provincial en materia de recursos naturales y la conflictiva relación conceptual entre el “dominio originario de los recursos naturales”, atribuida a las provincias y que surge de la Constitución Nacional y la atribuida jurisdicción regulatoria nacional de presupuestos mínimos prohijada por el nuevo artículo 41º de la Constitución Nacional, confrontada con la definición que debe entenderse por “presupuesto mínimo ambiental de protección” del artículo 6º de la Ley General del Ambiente 25.675. Se discurre sobre las externalidades de la actividad agraria y de la aplicabilidad del instituto jurídico de la evaluación de impacto ambiental como instrumento de gestión ambiental. Se aborda también la incidencia del nuevo código civil y comercial, y la constitucionalización del derecho privado; la incorporación de los derechos de incidencia colectiva y su impacto en los derechos individuales de propiedad. Se ensaya la caracterización actualizada de la empresa agraria, del derecho de propiedad agraria y de la unidad económica agraria; del registro de las externalidades de la actividad agraria y la necesaria implementación, en el Presupuesto Nacional, Provincial y Municipal, del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada para medir, registrar y evaluar el deterioro de los suelos por acción antrópica o natural dirigido a valorar, orientar y programar acciones de prevención, mitigación de impactos negativos o recuperación de suelos de uso agrario. En el marco del objetivo precedente se reflexiona brevemente sobre la “Ley de Pasivos Ambientales” recientemente sancionada en la provincia de Buenos Aires. Se reflexiona sobre la disyunción del sistema jurídico vigente con la materialización de acciones públicas concretas considerando que el suelo agrario es un factor de “creación de valor”. Se cavila también sobre la necesidad de fortalecimiento técnico, económico y financiero, de organismos tecnológicos estatales, áreas académicas y científicas, para investigación y desarrollo de tecnologías “no apropiables” que es deber estatal impulsar en materia de uso, manejo y conservación de suelos. Se evalúa la débil a inexistente acción y coordinación, tanto intrajurisdiccional como interjurisdiccional, para el desarrollo de la acción pública protectiva del recurso natural suelo agrario, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal; especialmente la ejecución operativa de normas jurídicas vigentes, como la Ley 22.428, y el rol que deben cumplir los Consejos Federales constituidos en materia agropecuaria, medioambiente y de gestión hídrica para elaborar, consensuar, con participación pública y privada, una ley de presupuesto mínimo ambiental de protección al suelo agrario.