La política pública como conflicto de intereses

Abstract

El presente artículo parte de considerar a las políticas públicas como procesos sociales constituidos en torno a una problemática o cuestión, los cuales incluyen no solo al Estado, sino a múltiples actores de la sociedad civil con intereses y percepciones diversas respecto al mismo. Bajo esta concepción, se analiza el caso particular del conflicto entre actores de interés surgido en torno a la política de prohibición de la tracción a sangre sancionada por el Municipio de Quilmes en el año 2012. Dicha política, a pesar de ser aprobada por el Concejo Deliberante y promulgada por el Ejecutivo local, no logró ser implementada. Se sostiene como hipótesis que la intervención formulada no pudo ponerse en marcha dado que la misma no consiguió conciliar los intereses en disputa y exacerbó el conflicto. Los carreros -cartoneros a caballo- fueron incentivados, al percibir a esta normativa como una amenaza a su fuente de trabajo, a organizarse logrando constituirse como actores con poder de veto informal.

This article departs from considering public policies as social processes constituted around a problem or issue, which include not only the State, but also multiple actors of civil society with diverse interests and perceptions regarding it. Under this conception, we analyze the particular case of the conflict between stakeholders that emerged around the policy of prohibition of horse-drawn carts sanctioned by the Townhall of Quilmes in 2012. This policy, despite being approved by the Council and enacted by the local Government, was not implemented. It is hypothesized that the policy could not be implemented because it failed to reconcile the interests in discussion and exacerbated the conflict. The carreros -the people using horse-drawn carts- were encouraged, perceiving this regulation as a threat to their source of work, to organize and become actors with informal veto power.