Los nuevos currículos de Historia en la España de la contrarreforma educativa

Abstract

En el año 1992 se publicaron en España, en el marco de la nueva ley de educación –Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)– los nuevos currículos, que venían a reemplazar aquellos que habían sido promulgados en los primeros setenta, al amparo de la Ley General de Educación (LGE), conocida como ley del 70. Es necesario reflexionar unos instantes sobre los distintos contextos políticos, sociales y educativos en que ambas leyes vieron la luz. En primer lugar, la ley del 70 se gestó en las postrimerías del franquismo, sin libertades políticas, ni partidos, ni tampoco sindicatos, que sirvieran de mediadores o de instrumentos de participación para los distintos grupos o segmentos sociales. Aunque introdujo algunos cambios que hay que valorar como positivos, dado el lugar de atraso e incuria en que el régimen de Franco había colocado a la escuela pública, las circunstancias que rodearon su elaboración y aplicación, sin debate público y con la amenaza de la represión siempre presente, no favorecieron un desarrollo crítico de esta ley que también encerraba aspectos muy problemáticos que marcaron las opciones posteriores. Por ejemplo, la forma en que contemplaba la Formación Profesional, como un camino de segunda categoría para los alumnos que no podían plantearse el acceso a la Universidad. También, la perspectiva de sancionar la escuela privada católica en su mayoría como subsidiaria de la pública, ampliando las subvenciones hasta el final de la edad obligatoria y emprendiendo un camino muy ambiguo de expansión de la red pública. Un problema importante fue la reducción del tramo de la secundaria al perder de golpe cuatro cursos a favor de la primaria, que cambió su nombre por el de Enseñanza General Básica. Asimismo, se optó por un currículo muy poco flexible, en el que apenas existía la optatividad y extraordinariamente unitario para toda España. En segundo lugar, la Ley de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 fue redactada y aprobada en el parlamento recién doblado el cabo de la mitad del período de los gobiernos socialistas de Felipe González.