Alianza del Pacífico: nuevo regionalismo, y seguridad ampliada

Abstract

1. Complejidades de seguridad regional: La violencia y el delito se han constituido, dentro de los países del mundo, en factores determinadores de la seguridad ciudadana y la confianza de la sociedad respecto a sus instituciones policiales. En consecuencia, los Estados latinoamericanos, en procura de dar una respuesta contundente que revierta la criminalidad, la violencia y la inseguridad en los territorios urbanos y rurales, han dedicado parte de sus esfuerzos institucionales al desarrollo de políticas públicas que prioricen la construcción de estrategias institucionales para el mejoramiento de la seguridad humana y ciudadana a través de la cooperación internacional gestando nuevas formas de integración con propósitos económicos y comerciales que garanticen un bienestar que minimice efectos delictivos y violentos dentro de la sociedad, de esta manera sin que implícitamente este escrito, la Alianza del Pacifico se enfoca en su segundo objetivo “Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad de las economías de sus integrantes, con miras a lograr mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes”. Lo anterior de muestra que aunque la Alianza se enmarque en temas comerciales y económicos principalmente, la seguridad ciudadana y humana comienzas a tener presencia dentro de las dinámicas de esta integración. De lo anterior, la Alianza del Pacifico (en adelante AP) comienza a crear acuerdos donde pretenden impulsar estrategias de seguridad ciudadana a través de la prevención en el marco del XXVII Pleno de Acción Financiera de Suramérica (GAFISUD) que se llevó a cabo el 15 de julio de 2013 en Buenos Aires Argentina, intentó coordinar acciones de prevención y contención del crimen organizado trasnacional para favorecer las instancias de seguridad publica en los países de la AP fijando un interés de prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo. El problema de la violencia y la delincuencia aún sigue percibiéndose por la sociedad como un problema neurálgico que, a pesar de mostrar cambios temporales significativos respecto a las tasas de delito y la reducción de la inseguridad y la violencia, los Estados de la AP deben asumir los consecuencias sociales que derivan de la desigualdad social, el desempleo y la pobreza. Es decir, deben constantemente evaluar y modular la manera cómo mejorar el índice de bienestar económico e inclusión de la sociedad, la manera cómo responden ante las variantes estadísticas de aumento y reducción de la inseguridad y no solamente es aspectos netamente económicos, en consecuencia, formular estrategias a mediano y largo plazo que redimensionen de una manera más estructural el problema de la violencia, para poder cumplir objetivo de “lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica”. 2. Horizonte de la investigación: Partiendo del contexto problemático referido con anterioridad, en donde la diversidad de perspectivas para la gestión de la seguridad humana y ciudadana de cada país de la Alianza responde a una tendencia cada vez mayor hacia un modelo de seguridad ampliada, es decir con el reconocimiento de nuevas amenazas a la seguridad de los Estados y asimismo a la de las personas a la par con amenazas tradicionales y la incertidumbre a las formas de acción que necesitan adoptarse, la AP comienza a gestar marcos basados en la prevención del delito y la construcción de tejido social, resulta relevante preguntarse cuáles son los fundamentos de dichos marcos que comienzan a esbozar aspectos de seguridad ampliada, las metodologías de implementación llevados cabo por los países de la Alianza.