Género y discapacidad: Análisis desde la interseccionalidad en un proceso de curatela

Abstract

A partir de un caso empírico, relatado en primera persona, pretendemos dar cuenta de las distancias existentes entre la retórica de los derechos de las personas con discapacidad y las resistencias institucionales, traducidas en prácticas judiciales que colisionan con la normativa vigente y los derechos humanos. Específicamente nos referimos a los procesos vinculados con temáticas de capacidad jurídica, antiguamente llamados de insania-curatela hoy traducidos en procesos de determinación de la capacidad. Conocido es el avance en términos normativos en la materia, a través de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (de jerarquía constitucional en nuestro país), la ley nacional de salud mental y el nuevo código civil y comercial de la nación. Sin embargo, seguimos observando que en las actuaciones judiciales se reflejan las tensiones existentes entre el derogado modelo médico rehabilitador y el actual modelo social de derechos humanos, que se traducen en prácticas y discursos judiciales que contradicen los derechos de las personas. Haremos un análisis desde la interseccionalidad, entendiendo que la discriminación es específica y puntual por ser una mujer con discapacidad. Es decir, que nos encontramos frente a situaciones donde personas en situación de vulnerabilidad son colocadas por el poder judicial en una posición de mayor vulnerabilidad debido a que, en el caso presentado, la cuestión de género agudiza las desigualdades.

Based on an empirical case, reported in the first person, we intend to account for the distances between the rhetoric of the rights of persons with disabilities and institutional resistance, translated into judicial practices that collide with current regulations and human rights. Specifically, we refer to processes related to legal capacity issues, formerly called insania curatela, translated into capacity determination processes. Known is the progress in normative terms in the matter, through the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities (constitutional hierarchy in our country), the national mental health law and the new civil and commercial code of the nation. However, we continue to observe that judicial actions reflect the tensions between the repealed medical rehabilitation model and the current social model of human rights, which translate into judicial practices and speeches that contradict people's rights. We will make an analysis from the intersectionality, understanding that discrimination is specific and punctual because it is a woman with a disability. That is to say, we are faced with situations where people in vulnerable situations are placed by the judiciary in a position of greater vulnerability because, in the case presented, the gender issue sharpens inequalities.