La crisis política y humanitaria en la frontera colombo-venezolana

Abstract

La reciente decisión de Venezuela de cerrar parte de su frontera con Colombia, inicialmente en Cúcuta, y posteriormente en el paso de Paraguachón en el Estado de Zulia, se basó en dos argumentos: la situación de contrabando incontrolable que atraviesa la frontera y la presencia de paramilitares en el territorio venezolano. Si bien el elemento detonante fue el enfrentamiento armado entre presuntos paramilitares colombianos y las fuerzas de seguridad venezolanas, que dejó como saldo tres militares y un civil herido, rápidamente los argumentos iniciales de Venezuela se hicieron débiles, al relacionar los problemas de escases de alimentos en el país con el contrabando. La consecuencia de esta decisión política de desviar la atención pública de los problemas internos, con un frente externo, fue desarrollar un proceso de deportación sin decisión judicial previa a través de un decreto que viola todos los derechos reconocidos a los habitantes, legales o no en un territorio extranjero, lo que incluyó hacer marcas en los domicilio de los deportados, como lo reconoce el mismo Gobernador del Estado Táchira, y la pérdida de todo elemento de valor que estuvieran en ellos. Esta expulsión masiva del territorio venezolano, de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), generó a la fecha al menos 1.467 colombianos deportados y cerca de 18.619 que han decidido regresar a Colombia tras la orden del presidente Nicolás Maduro, por miedo a las agresiones institucionales en Venezuela.