Durante estos meses, los discursos del gobierno ecuatoriano -encabezado por Lenin Moreno- apuntaron a difundir varias premisas, que las resumimos en cinco. Primera, la idea de que el Estado ecuatoriano es un Estado ineficiente, inflado, y despilfarrador. Segunda, se deslegitimó el valor de la estructura estatal y se presentó a los empleados públicos como personal excesivo, ineficiente y hasta cierto punto cómplice de la corrupción. Tercera, se reiteró que las empresas estatales como las hidroeléctricas, las compañías telefónicas y otras deben ser privatizadas, por ser ineficientes. Cuarta, se afirma que los subsidios son malos y que generan déficits económicos para el país. Y quinta, se sostiene que el actual salario (mínimo vital) hace que el país sea poco competitivo y que es conveniente tener salarios tan bajos como los del resto de la región.
Mientras el gobierno de Lenin Moreno posiciona el discurso de que el Estado no tiene recursos económicos, debe recordarse en el 21 de agosto de 2018, emitió la Ley de Fomento Productivo, a través de la cual se estableció "la remisión tributaria del 100% de intereses, multas y recargos para obligaciones pendientes" con el Sistema de Rentas Internas. En otras palabras, se perdonó la deuda de todos quienes debían pagar impuestos. Según, algunos entendidos el monto perdonado a bancos y empresas es tan grande como el equivalente al nuevo préstamo que solicitó el Ecuador al FMI.