Durante un largo tiempo, los derechos políticos, los mecanismos y procesos electorales fueron considerados como parte inseparable del ámbito interno de los Estados-Nación, y por lo tanto amparados bajo el concepto de la soberanía estatal y el principio de no intervención (Sobrado González, 2017). Esta situación comenzó a cambiar aproximadamente a mediados del siglo XX, cuando comenzaron a ser vistos dentro del ámbito de los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la democracia representativa, temáticas que después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a gozar una mayor atención. De esta manera, comenzó a gestarse en el Sistema Internacional, mediante cooperación internacional, un entramado de acuerdos e instrumentos para la protección de los Derechos Humanos, incluyendo los políticos, como la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre en el marco del sistema interamericano y la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, ambas aprobadas en 1948.