En numerosos artículos se ha indagado sobre el crimen organizado, sus diversos aspectos y modos de operar. Considerando que resultaría redundante realizar una mera transcripción de lo estudiado previamente por distintos autores, en el presente trabajo de investigación se pretenderá averiguar si las políticas públicas llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos argentinos durante los primeros 20 años del siglo XXI han sido eficientes para eliminar todo rastro del crimen organizado de nuestro país. Incluso cabe preguntarse si ese ambicioso objetivo es realmente factible.
Esta problemática hace tiempo dejó de ser vista como un problema ajeno a nuestra realidad diaria. Lo que hace algunos años era visto como algo lejano, hoy en día se ha entrometido en las instituciones más nobles que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia.
El objeto de este artículo consiste en desarrollar una elaboración propia acerca del rol de los diversos agentes del Estado como responsables de llevar a cabo el enfrentamiento contra el crimen organizado. Se analizará si éstos realizan su labor de manera adecuada o si, por el contrario, se desentienden de sus obligaciones o incluso, en algunos casos, llegan a formar parte de una gran red criminal, cooperando con los distintos grupos criminales presentes en nuestro país.
En relación a dicha cooperación, se profundizará sobre la corrupción en la Argentina, entendiéndose como una herramienta específica que facilita el surgimiento y establecimiento de organizaciones criminales. Se buscará poner de manifiesto las consecuencias políticas y sociales de este fenómeno, las cuales son mucho más agudas de lo que la mayoría de la sociedad puede tomar dimensión.
Por último, se expondrán algunos mecanismos que podrían resultar beneficiosos en el combate contra el crimen organizado, analizando si su aplicación es realizable en las condiciones en las que se encuentra actualmente la República Argentina, tratando de proyectar una mirada positiva hacia el futuro de nuestro país y de toda latinoamérica.