El sistema de administración de justicia ha sido desde antaño el sistema de resolución de conflictos consagrado por antonomasia en nuestras sociedades. A pesar de haber representado un enorme avance en la evolución de las formas sociales de resolución de los conflictos, hoy aparece como un sistema que demuestra innumerables insuficiencias. No solo desde los obstáculos que se presentan para efectivizar el acceso, sino además, desde la imposibilidad de satisfacer las demandas sociales contemporáneas. Esto último, se refleja concretamente en la percepción que tanto operadores jurídicos como los justiciables, tienen respecto de la justicia, su acceso y la confianza que ésta otorga a quienes la transitan, y delegan en ella la resolución de sus conflictos. Desde hace varias décadas, se ha manifestado a lo largo del mundo aunque principalmente en países de Latinoamérica, una creciente desconfianza en los poderes del Estado, principalmente en el sistema de administración de Justicia o Poder Judicial.