A partir de la lectura de una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se plantean en este comentario una serie de reflexiones en torno al desarrollo de la garantía del imputado a la revisión de la sentencia de condena, teniendo en cuenta su inserción en un sistema procesal que reconoce al acusador público la facultad de impugnar las decisiones definitivas contrarias a sus intereses. Se destaca, en el caso, el uso de alternativas innovadoras en la decisión comentada sobre la base de una decisión valorativa o política implícita que le da sustento.