Neuquén

Abstract

Las privatizaciones son parte de una estrategia que vuelve a situar las bases de dominación social y define nuevas formas de legitimación-deslegitimación estatal. Las estructuras estatales deben tornarse funcionales a las formas de acumulación que exige la reestructuración del capital global, en el contexto de una correlación de fuerzas muy desfavorable para las clases subalternizadas que se pretende profundizar definitivamente (Thwaites Rey, 1994). Constituyen un intento de atraer capitales, cada vez más volátiles, para llenar las arcas estatales. Asimismo, son oportunidades de negocios con rentabilidad segura en una época de difícil valorización productiva del capital. La deuda externa fue una de las causas de mayor peso para justificar el accionar privatizador. Al no cumplirse con los plazos de pago, los organismos multilaterales (FMI, BID, BM) exigen la venta de empresas estatales. Dichas entidades tienen a su cargo la dirección técnica y financiera del proceso de enajenación del patrimonio nacional y provincial, imponiendo además la capitalización de la deuda. Una de las consecuencias principales de las privatizaciones en la Argentina "fue una monumental concentración monopólica de la riqueza" (Thwaites Rey, Castillo y López, 1995: 65). Antes de su privatización, la petrolera estatal fue redimensionada a través de la Ley de Reforma del Estado de 1989. Se concedieron áreas marginales, se firmaron contratos en áreas centrales y se vendieron activos. Por otra parte, se la transformó en sociedad anónima para que su capital pudiera dividirse en acciones y cotizar en la Bolsa. La paulatina conversión de la empresa estatal en "unidad productiva privada se hizo desde una perspectiva de fuerte desvalorización y debilitamiento de su capital físico y simbólico" (Rofman, 1999: 99). Un informe de YPF afirmaba que en 1991, partiendo de un total nacional de 52.000 agentes, se eliminó al personal contratado y se redujo a 23.400 la dotación permanente. En 1992 quedaban unos 13.500 empleados (Diario Río Negro, 13-12-92). El 28 de setiembre de 1992 se sancionó la ley 24.145 disponiendo la venta de YPF. Fue la venta de mayor envergadura en el país, algo esperable ya que se trataba de la mayor empresa. En 1991 había facturado 5.444 millones de dólares. De acuerdo a diferentes estimaciones, el traspaso del paquete accionario mayoritario se concretó muy por debajo del valor real (Kozulj, 1997; FETERA, 1998). En 1996 continuaba la reducción de personal: permanecían alrededor de 7.000 empleados.