En la ciudad capitalista el acceso legal al suelo urbano y, con él, a los servicios habitacionales está mediado por el mercado. La posesión de ingresos estables y suficientes como para alcanzar cierto nivel de ahorro que posibilite la adquisición de un inmueble o el pago de un alquiler, es una de las condiciones imprescindibles para el acceso de las familias a la vivienda integrada al conjunto urbano. Otra condición –fundamental para los sectores de ingresos restringidos- es la existencia de un mercado accesible o de ciertas facilidades para el acceso al mismo (líneas de créditos blandos, regulación de alquileres, etc.).
En las últimas décadas -sobre todo en el período 1976-2003- en Argentina hemos ido observando un fuerte deterioro de los ingresos de las clases trabajadoras debido a la precarización y destrucción del empleo, producto de la adopción de medidas de corte neoliberal en los planos económico, social y político. La retracción en los ingresos, el aumento desproporcionado de la pobreza y la indigencia entre los sectores de pobreza estructural, que empeoraron su ya deficitaria calidad de vida, y su extensión a sectores medios pauperizados, aparecen como las principales restricciones al acceso formal a la ciudad porque para estos sectores está vedada la participación en el mercado de suelo y vivienda urbanos.
Frente al déficit habitacional, desde inicios de la década del ’70, en nuestro país se han puesto en marcha diversas políticas habitacionales largamente estudiadas (Yujnovsky 1984; Cuenya 1992; Cuenya y Falú 1997, entre otros), que han intentado abordar la problemática sin demasiado éxito.