En el mundo globalizado el fenómeno de las migraciones ha producido un impacto sin precedentes en el sistema económico, pero también en la vida social y cultural de casi todos los países lo cual asume especial relevancia de cara a la cada vez más ineludible realidad de los espacios económicos integrados. En ese contexto cualquier proceso de integración, en cualquier etapa evolutiva, debe necesariamente armonizarse con normas y principios que resguarden las libertades fundamentales protejiendo la dignidad humana y con políticas estatales activas que propendan a su efectiva realización. En el caso argentino, ello se impone por expreso mandato constitucional por cuanto el texto supremo subordina el ingreso y permanencia de la República Argentina a cualquier bloque comunitario a que en el mismo se respete el orden democrático y los derechos humanos, entre los cuales se halla el derecho a migrar. Las resistencias que históricamente en nuestras sociedades han dificultado su reconocimiento tienden a remitir observándose últimamente un singular avance normativo.