Ley penal y cultura jurisdiccional

Abstract

El 15 de noviembre de 1771 el alcalde de segundo voto de Córdoba, don Joseph de Bejarano, condenó a muerte al esclavo Atanasio Cruz Garay por el asesinato con arma blanca del negro Cruz Pereyra. Antes de pronunciar sentencia, el juez ordenó que se agregara al expediente el testimonio de una Real Cédula de 1759 por la cual se confirmaba una norma penal de extrema gravedad: según la real disposición, se debía imponer pena de muerte a toda persona de cualquier condición, que hiriese con armas cortas, aunque la herida no fuese de muerte. Al cabo de un proceso que duró casi un año, el alcalde dictó sentencia, disponiendo que, según la fórmula tradicional, Atanasio Cruz "...sea llevado por sus pies al suplicio donde fuesse ajusticiado, publicandose la sentencia y la causa por que muere, y que padesca en la horca hasta que naturalmente muera…y que no se execute esta sentencia sin confirmacion de la Real Audiencia, a donde se remitiran los autos para que su Alteza en su vista determine lo que hallasse mas de justicia". De todos los elementos que podrían ser objeto de análisis a partir de estos datos documentados en el Archivo, nos interesa comenzar por uno en particular: la ley.