Las políticas bibliotecarias de lectura de la Comisión Nacional Protectora de la Bibliotecas Populares (1933-1955)

Abstract

La Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (en adelante: Comisión Protectora) se creó el 23 de septiembre de 1870 a partir de la promulgación de la Ley Nacional Nº 419, con el principal propósito de fomentar la creación y el desarrollo de estas asociaciones civiles autónomas. Desde sus inicios, la Comisión Protectora llevó adelante una ardua tarea en todo el territorio nacional. No obstante, estos productivos años tuvieron su fin en 1876 cuando se derogó el accionar de la institución. La Comisión Protectora retomó sus funciones recién en 1908, y continúa de forma ininterrumpida hasta nuestros días. Durante estas primeras décadas del siglo XX fue consolidándose como la entidad rectora en la promoción y la protección de las bibliotecas populares, en continuidad con las conceptualizaciones acerca de estas asociaciones que se habían erigido en la etapa fundacional. De forma particular, en este tiempo destacamos la prolongada presidencia de Miguel F. Rodríguez, por un periodo de dos décadas, durante el cual se extendieron ciertas acciones de asistencia, pero no así iniciativas ligadas a los aspectos comunicativos de la entidad. Al continuar con el recorrido histórico, a partir de 1933, podemos identificar una clara política dirigida a la divulgación de las orientaciones de lectura de la Comisión Protectora a través de la propagación de publicaciones periódicas. Esta iniciativa fue constitutiva de las presidencias de Juan Pablo Echagüe (1931-1944) y Carlos Obligado (1944-1949). Durante sus gestiones se constituyó una política cultural que, por un lado, se diferencia del momento precedente en el que la producción de publicaciones no solo fue escasa sino también errática y pobre en términos de contenidos; y por otro lado, se distingue de la administración inmediatamente posterior, en la cual se discontinuaron las ediciones. De forma particular, ubicamos en el comienzo de nuestra periodización la publicación del Boletín de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (En adelante: Boletín) en 1933 como el punto de inflexión en la política bibliotecaria de lectura de la institución orientada a la difusión de un determinado discurso público sobre la lectura. A partir de esta política comunicativa se extendieron concepciones específicas en torno al público-lector, destinadas a conformar determinadas comunidades lectoras. De este modo, se incorporaron a los niños y a las niñas como lectores específicos; en tanto que las mujeres avanzaron desde la esfera privada hacia la pública, acompañadas de un paulatino aumento de su presencia en las bibliotecas. Asimismo, los sectores obreros se establecieron como una parte esencial dentro del lectorado. Si bien es posible hallar algunas de estas nociones en políticas anteriores, resulta singular el modo en el que se constituyeron las representaciones socioculturales e imaginarios lectores, así como también los ideales que mediaban la conformación de corpus bibliográficos sugeridos para cada uno de ellos.