Un caso de aborto no punible que además de judicializarse innecesariamente no pudo realizarse sino en forma clandestina.
La joven L.,M.R,, persona menor de edad al momento de los hechos, y con un retraso mental severo fue violada por un familiar. Su madre pidió la interrupción del embarazo, y sólo pudo hacerlo en la clandestinidad con el apoyo moral y económico de organizaciones del movimiento de mujeres. La situación es denunciada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, quién acoge favorablemente la petición, quedando en evidencia los incumplimientos convencionales de nuestro país.