Dentro de los actores sociales involucrados en la sanción de la ley que en abril de 1999 modificó el Código Penal en lo concerniente a los delitos contra la integridad sexual, los medios de comunicación desempeñaron un papel de presión considerable. En ese sentido, su lugar protagónico en la codificación cultural contemporánea (Hall, 1993; Giddens, 1995) como su capacidad para instalar y jerarquizar temas de debate público (Wolf, 1991), son reconocidos en la instancia específica de esta ley por doctrinarios y asesores parlamentarios. Al respecto, las opiniones pendulan en un arco que, desde un polo, enfatiza como positivo el estímulo que aquéllos aportaron para el debate y la sanción; mientras que en el polo opuesto se encuentran quienes interpretan en general dicho proceso como desfavorable para la labor legislativa.