La vida, tal como la conocíamos, ha cambiado en los últimos meses. El impacto del COVID-19 en la población mundial fue y es significativo. El impacto de la pandemia podrá analizarse exhaustivamente a futuro. Con datos relevados al 16 de diciembre de 2020, son 30.925.596 casos positivos en América y 73.646.022en el mundo.
Dado el contexto, gobiernos latinoamericanos y europeos han emprendido acciones tendientes a detener la propagación del virus y disminuir la tasa de mortalidad. Las medidas, necesarias y de carácter excepcionales, también impactan en ciertos Derechos Humanos. Por consiguiente, las administraciones gubernamentales enfrentan una encrucijada: al declarar estados de emergencia sanitaria, se vulneran, al mismo tiempo, algunos derechos básicos de la ciudadanía. En este sentido, ¿cuáles son los lineamientos estipulados por los sistemas regionales ante las posibles derogaciones de derechos humanos por parte de los Estados? A través de este ensayo cualitativo, descriptivo-explicativo, se intentará arribar a conclusiones y esclarecer las posibles consecuencias de suspender ciertos derechos. Para ello, se incluirá información recogida de literatura primaria y se analizarán los preceptos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos involucrados actualmente.