Hemos pretendido indagar sobre la actuación de les trabajadores de la salud hacia las mujeres y personas con capacidad de gestar que intentan acceder a la interrupción legal del embarazo en el marco del sistema de salud pública de la Región sanitaria N° 11 desde diciembre de 2014 hasta la actualidad, tomando como hito el pedido de disculpas realizado por el Estado Argentino en el caso V.D.A (conocido como L.M.R) (V.D.A vs. Argentina, 2011).
Hemos partido de dos hipótesis metodológicas:La primera de ellas es que el sistema de causales e indicaciones de aquel entonces resulta posibilitante de situaciones de violencia institucional por parte de efectores resistenciales/obstructores. La segunda de ellas es que, posicionándonos desde la perspectiva pro persona y la perspectiva de género, la interrupción del embarazo es legítima, no siendo posible admitir restricciones que nos posicionan en una lugar de poder de abuso y discrecionalidad sobre la salud y vida del otro/a.