Mediante uso de tecnologías de información y comunicación, la justicia electrónica busca aumentar eficiencia y eficacia en su gestión, acortando plazos sin violentar garantías del debido proceso. En el 2008 comienza a implementarse el Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial mediante un desarrollo planificado en etapas, fundamentado en la ley 18.237 de 2007; expediente y firma electrónicos son sus herramientas básicas. El nuevo Sistema de Gestión de Tribunales implica: expediente y actuaciones electrónicas, notificación e intimaciones al domicilio electrónico, comunicaciones electrónicas internas y externas, firma digital, entidad certificadora, tramitación guiada, normalización de sentencias e información al público vía Internet. La ley 18.600 de 2009 reconoce validez y eficacia jurídicas del documento y firma electrónicos. Es un programa único para todo el país, materias y oficinas. Permite a varios operadores accesibilidad simultánea y remota a documentos. En América Latina, sólo Costa Rica tiene un modelo parecido. Este modelo de gestión integra las políticas del Estado uruguayo, creando cultura de modernización y conocimiento.