La planta de celulosa autorizada a instalarse en Fray Bentos, Uruguay, río por medio, frente a Gualeguaychú, Argentina, provocó un conflicto entre ambos países. Para superarlo se recurrió a dos jurisdicciones distintas –enfocadas en situaciones diversas– sobre la base de poner el énfasis en normativas diferentes: el Estatuto del Río Uruguay y las normas regulatorias del MERCOSUR.
En el año 2006, Argentina inició acciones ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violación del Estatuto del Río Uruguay (1975), relativo a navegación y utilización de los recursos naturales de dicho río. Por su parte, Uruguay presentó una reclamación ante un Tribunal Ad Hoc (TAH) del MERCOSUR porque los cortes de ruta de los ambientalistas –en protesta por futuros daños ambientales atribuibles a la actividad de la producción de celulosa– constituirían una violación a la libre circulación consagrada en el fundacional Tratado de Asunción (TA, 1991).