La Auditoria Social: una herramienta de control ciudadano para el fortalecimiento de la gestión pública

Abstract

El presente Trabajo Integrador Final propone como objetivo general: Analizar la Auditoria Social como una práctica o herramienta de control ciudadano de la gestión y políticas públicas. En ese sentido, la auditoría social analiza estudia el logro de los objetivos propuestos en las políticas, programas, proyectos, instituciones, procesos, presupuestos, es decir mide la eficacia. A su vez evalúa la correspondencia adecuada entre los costos de la gestión pública y los resultados que genera, es decir la eficiencia. Al mismo tiempo, la calidad, manera oportuna y mínimo costo posible con que se prestan los servicios públicos, es decir, la economía. En las últimas décadas, los procesos de democratización y descentralización en la provisión de servicios y la lucha contra la corrupción han moldeado el escenario de desarrollo en América Latina (Gutiérrez, 2015). Particularmente en Argentina a lo largo de los sucesivos gobiernos se han producido importantes hechos de corrupción que terminan por perjudicar a la ciudadanía en general y sobre todo a los sectores vulnerables. De manera que el buen funcionamiento y aplicación de la auditoria social es una necesidad y urgencia que permitiría una mejora en la calidad del servicio y una transparencia absolutamente necesaria. Los orígenes de este mecanismo de control ciudadano dieron a luz alrededor de los años 70´s en varios países europeos y en los Estados Unidos que emprendieron este proceso para dar respuesta a demandas de consumidores y movimientos ambientales, mediante la implementación de varios métodos para involucrar activamente a las partes interesadas y comunidades en el proceso de toma de decisiones. En los 80´s el concepto de auditoria social migro desde el sector privado al sector público estatal, en respuesta a nuevas tendencias emergentes de gobernabilidad democrática fruto de la “tercera ola de democratización”. A través de esta esta transición las organizaciones sociales lograban mayor legitimidad y espacios de participación en la arena pública estatal. Mientras se incrementa la participación, la prosperidad económica se tarda en llegar y en numerosos países la sensación y percepción de hechos de corrupción aumenta drásticamente. En la Argentina los casos de corrupción de mayor repercusión afectan a expresidentes, ex-vicesecretarios, políticos y funcionarios acusados por sobornos, malversación y tráfico de influencias, por lo que el Latinobarometro (2015) revela que la corrupción se encuentra entre los problemas que más preocupan a la ciudadanía, cuya opinión es desfavorable en tanto que el 74,6 % de los encuestados opinan que se ha progresado poco o nada en reducir la corrupción en las instituciones, al tiempo que existen serias dudas sobre la transparencia del gobierno. Las instituciones más afectadas son los partidos políticos, el parlamento y el sistema judicial. Bajo el prisma de competitividad, Argentina se encuentra por debajo de la media de la región y en los últimos años no ha dejado de perder terreno, afectando el comportamiento de la economía en su conjunto, a pesar de los buenos resultados de su indicador de desarrollo humano (IDH). Los enfoques tradicionales, basados en creación de un mayor número de normas, observancia más estricta y cumplimiento más firme, han mostrado una eficacia limitada. Una respuesta estratégica y sostenible contra la corrupción es la integridad pública en oposición a una mirada neoliberal del Estado que busca quitarle funciones al mismo en la búsqueda de una solución al problema de la corrupción. En este marco, la auditoría social es un derecho humano en el que la sociedad evalúa las acciones que el gobierno realiza con los recursos públicos y al mismo tiempo es un trabajo y alianza cooperativa con el gobierno. Sin embargo, en base al desarrollo de este trabajo, es claro que si la ciudadanía continua permitiendo hechos de corrupción y la sociedad no reacciona, se seguirán desviando recursos públicos sin cubrir las necesidades de la población ocasionando un impacto e incremento del índice de la corrupción. Cuando la sociedad participa y se involucra, el gobierno rinde cuentas, se respetan los derechos humanos y sus garantías ayudando a que los índices de corrupción disminuyan. Bajo esta lógica es que surge el valor agregado y la importancia de la práctica de la auditoria social como mecanismo y herramienta de control de las políticas públicas.